Las 510 plazas para maestro de Infantil y Primaria que ha convocado Castilla y León para este verano están en los tribunales. La Abogacía del Estado ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad la oferta pública de empleo prevista. Es el primer recurso de este tipo que se plantea. El argumento es que la oferta prevista es excesiva. El Estado fijó que debían cubrirse el 30% de las vacantes respecto a la convocatoria anterior y hay diferencia de criterio a la hora de hacer ese cálculo.
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León calculó esa tasa de reposición de jubilaciones sumando las vacantes de los dos últimos años desde la anterior convocatoria de oposiciones de 2009, según un portavoz de la consejería. Y el Gobierno, que recurre a instancias del Ministerio de Hacienda al entender que no se ajusta a los Presupuestos Generales del Estado, considera que solo debería haber tenido en cuenta las vacantes de 2010. Otras comunidades autónomas, como Andalucía, superan ese 30% con creces pero con un matiz: han ajustado la oferta de otros empleos públicos para aumentar la de maestros, una operación que sí cuenta con el visto bueno del Gobierno.
La Consejería de Educación leonesa cree que este recurso "perjudica seriamente a uno de los pilares básicos de la calidad del sistema educativo" y tiene previsto responder reclamando su paralización. Además, según un portavoz regional, las oposiciones siguen adelante y se celebrarán a finales de junio como estaba previsto.
Para la Federación de Enseñanza de CC OO es "una burla a los opositores", según una nota de la sede regional del sindicato, que cree que lo ocurrido responde "a una pelea política de cara a las elecciones del 22 de mayo".
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